La intensa presión social ejercida por las protestas lideradas por jóvenes en la capital de Madagascar, Antananarivo, culminó con la decisión del presidente Andry Rajoelina de disolver el gobierno. La ola de disturbios se desató debido a la escasez crónica de agua y electricidad, un problema que ha exacerbado el descontento en un país con altas tasas de pobreza.
La furia de los manifestantes se dirigió contra el gobierno de Rajoelina, al que responsabilizan de no mejorar las condiciones de vida y de permitir que los cortes frecuentes de electricidad y la falta de agua alteraran el día a día. El contexto social es crítico, con el 75% de los 30 millones de habitantes viviendo bajo la línea de pobreza, según datos de 2022.
La protesta se tornó violenta con reportes de saqueos a establecimientos comerciales y ataques dirigidos a viviendas de figuras políticas. En respuesta a una multitud que intentó marchar hacia el centro de la ciudad el lunes, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de gases lacrimógenos y balas de goma para sofocar los disturbios.
Las Naciones Unidas informaron de la trágica cifra de 22 personas fallecidas y más de 100 heridas durante la semana de protestas, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores de Madagascar ha puesto en duda estos datos, afirmando que no provienen de fuentes oficiales.
