Por: Arath Landavazo
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) sostuvo una reunión con familiares de víctimas y personas afectadas por el caso de los sueros vitaminados, donde informó avances en la investigación y presentó resultados de análisis especializados que apuntan a fallas sanitarias y presencia de microorganismos patógenos.
Durante el encuentro, autoridades estatales dieron a conocer estudios realizados por laboratorios nacionales especializados a diversos indicios asegurados en clínicas investigadas, relacionados con el caso del médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, señalado por la muerte de al menos ocho personas y afectaciones a otros pacientes.
De acuerdo con la información presentada, los análisis detectaron anomalías compatibles con malas prácticas en el manejo de insumos para la salud, así como fallas graves en protocolos de asepsia, control de entorno y manejo de equipo médico. Las autoridades señalaron que estas condiciones favorecieron la proliferación de microorganismos capaces de provocar infecciones severas.
Los estudios fueron realizados por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), laboratorio nacional de referencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a partir de muestras aseguradas durante las investigaciones.
Además, se informó que también fueron recibidos resultados de estudios histopatológicos practicados a muestras de tejido de personas fallecidas, los cuales coinciden con afectaciones derivadas de infecciones por microorganismos patógenos.
La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson) aseguró que realizó acciones de supervisión y verificación sanitaria conforme a la normativa aplicable, aunque explicó que este tipo de procedimientos médicos se realizan dentro de la relación directa entre médico y paciente, por lo que no pueden ser supervisados en tiempo real.
La Fiscalía reiteró que continúan los operativos para localizar a Maximiano Verduzco Soto, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente. Entre las acciones implementadas destacan cateos, colaboración con autoridades de otras entidades y alertas migratorias.
Asimismo, permanece activa una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien proporcione información útil para localizar al médico investigado.
Las autoridades reiteraron a las familias afectadas el compromiso de mantener una investigación técnica, objetiva y sustentada en evidencia científica, con el objetivo de garantizar acceso a la verdad y la justicia.
