Por: Arath Landavazo
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una investigación sobre una presunta red de empresarios y exfuncionarios electorales que, durante al menos 27 años, habría concentrado contratos millonarios con organismos electorales del país.
Durante su conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó los resultados de una investigación que señala a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas como presuntos operadores de un esquema de simulación de competencia en contrataciones públicas.
De acuerdo con la información presentada, la red habría operado mediante al menos seis empresas relacionadas entre sí, algunas de las cuales carecían de infraestructura, trabajadores y capacidad operativa para cumplir con los servicios contratados.
El esquema presuntamente consistía en simular competencia durante licitaciones, utilizar empresas fachada, recurrir a prestanombres y establecer vínculos con funcionarios públicos para obtener contratos de material y servicios electorales.
Según los datos expuestos, entre 2014 y 2023 las compañías habrían conseguido contratos por más de 2 mil millones de pesos en al menos 23 entidades federativas. La operación habría continuado durante 2024 y 2025, con contratos superiores a los 600 millones de pesos.
Sheinbaum sostuvo que las presuntas irregularidades no comenzaron durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE, sino que tendrían antecedentes de administraciones anteriores.
En ese contexto, también hizo referencia al exconsejero presidente Lorenzo Córdova y señaló que deben investigarse las responsabilidades de quienes participaron en las contrataciones.
Por otra parte, la mandataria adelantó que su gobierno presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, con el objetivo de que instituciones públicas y empresas del Estado participen en la fabricación de materiales electorales.
Las investigaciones buscan esclarecer el origen de los contratos, los vínculos entre las empresas y posibles responsabilidades de exfuncionarios electorales.
