El senador Heriberto Aguilar Castillo informó que el Plan B de la reforma electoral busca reducir los costos del sistema político-electoral y destinar los ahorros a obras de infraestructura pública en municipios y estados.
La propuesta contempla recortes en las estructuras de los ayuntamientos, disminuyendo el número de regidurías a un máximo de 15 y limitando a una sindicatura por municipio. En los congresos locales, se establece un tope presupuestal de 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad.
El plan también incluye recortes a privilegios en órganos electorales, como la prohibición de que consejeros, magistrados y altos funcionarios ganen más que la Presidenta de México, y la eliminación de bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales.
Se prevé una fiscalización más estricta mediante el uso de tecnologías y convenios con autoridades, así como la agilización de los cómputos electorales al iniciar con la llegada del primer paquete tras el cierre de la jornada.
En cuanto a los partidos, se plantea la obligación de transparentar las remuneraciones de dirigentes, reportar operaciones financieras en tiempo real mediante sistemas bancarizados, establecer topes a remuneraciones y prohibir recursos ilícitos, del extranjero o aportaciones en efectivo.
«El sentido es simple: menos nómina política y más recursos para infraestructura pública en municipios y estados», declaró Aguilar Castillo.
