La discusión sobre la reforma a la Ley de Amparo se centró en la Cámara de Diputados en la interpretación del nuevo artículo 3º transitorio, que regula la aplicación de la ley a juicios ya iniciados. Mientras el presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores (Morena), lo defendió como «derecho procesal puro» para aclarar la aplicación de nuevas normas, la oposición lo interpretó como una «ley retroactiva disfrazada».
Flores Cervantes explicó que el objetivo es establecer una distinción temporal en los asuntos en trámite: «lo hecho queda bajo la ley antigua, lo que se haga después, bajo la nueva». Esto significa que las suspensiones de amparo ya concedidas se respetarán como «derechos adquiridos», pero las actuaciones futuras dentro de esos procesos se regirán por las nuevas disposiciones, una vez que el decreto entre en vigor.
El diputado de Morena argumentó que los procesos legales constan de varias etapas y no se agotan en un solo acto, lo que justifica la aplicación de la nueva ley a las fases posteriores.
A pesar de la defensa técnica, la declaración de Flores Cervantes sobre el propósito de la reforma ha avivado la controversia: «limitar el uso indiscriminado de la figura del juicio de amparo en contra del interés general… y no permitir que lo sigan prostituyendo», reiterando la postura de Morena de acotar esta herramienta jurídica.
