Por Arturo Soto Munguia

Este espacio se suma a la legión de universitarios y no universitarios que hicieron llover felicitaciones a la doctora Rita Plancarte Martínez como nueva rectora de la Universidad de Sonora, la primera mujer en ocupar ese cargo desde que en 1942 lo hiciera el profesor Aureliano Esquivel Casas.

Tuvieron que pasar 79 años para que una mujer tomara las riendas de la Máxima Casa de Estudios y su talento y experiencia seguramente se verán reflejados en el modo de conducir los destinos de esa compleja institución.

Plancarte Martínez llega en una coyuntura por demás interesante: la sucesión gubernamental en Sonora donde el próximo 13 de septiembre rendirá protesta Alfonso Durazo Montaño, el candidato de Morena que siempre tuvo en una parte importante del sector universitario, el apoyo más notable.

Un sector en el que ya peinan canas aquellos aguiluchos que en 1991-92 se opusieron con todas sus fuerzas a la reforma a la Ley Orgánica 103, bandera de campaña del entonces candidato a gobernador Manlio Fabio Beltrones y quizás la primera en cumplir, apoyado en un Congreso compuesto mayoritariamente por diputados y diputadas del PRI y el PAN.

Si la memoria no me falla, solamente había tres plurinominales de ‘oposición’: Juvencio Torres Ávila, del PRD (que fue el único que votó en contra de la reforma); Rafael Acosta Arvizu, del PARM y Bárbara Gutiérrez de Urías, del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

Sí, desvencijado lector, reumática lectora. La mismísima Barbarita Gutiérrez que lo mismo se ha sumado a campañas del PRI que del PAN, con el denuedo, ahínco y convicción con los que ahora la vimos sumada a la campaña de Alfonso Durazo. Pero esa es otra historia.

La del movimiento universitario contra la Ley 4 por su parte, es larguísima y llena de episodios destacables, pero abreviemos diciendo que esa ley llegó para quedarse durante la administración del matemático Marco Antonio Valencia y está a punto de cumplir 30 años, en los cuales han desfilado otros cuatro rectores: Jorge Luis Ibarra Mendívil, Pedro Ortega Romero, Heriberto Grijalva Monteverde y Enrique Fernando Velázquez Contreras.

Siempre ha existido un sector de universitarios que se oponen esa legislación y que en los últimos años han reverdecido laureles retomando la lucha por una nueva reforma.

La diferencia hoy, es que ese sector siempre se opuso a la Ley 4 desde una posición a veces hasta marginal respecto a gobiernos del PRI y del PAN, pero ahora forman filas con Morena, el partido ganador de las elecciones para gobernador del pasado 6 de junio, y que es muy probable cuente con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados local.

Desde el 10 de septiembre de 2019 la iniciativa de reforma fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen y seguramente esta legislatura será la encargada de bajarla al pleno para su discusión y eventual aprobación.

Hay un párrafo en la exposición de motivos de esta iniciativa que resume el interesante debate que presenciaremos en los días por venir.

“La Ley 4 introdujo la organización disciplinar de los Departamentos, agrupados por Divisiones y descentralizó administrativamente las unidades foráneas otorgándoles una estructura propia. En este marco se retrocedió en las oportunidades de participación en las decisiones y órganos colegiados por parte de los estudiantes y académicos respecto a las establecidas en la Ley 103, al crear la Junta Universitaria sin representación estudiantil y con la mayor parte de sus miembros externos a la institución, la cual elige al rector. Se retrocede en el ejercicio colegiado de la ley anterior para elegir autoridades en todos los niveles y se centraliza el poder en las autoridades unipersonales, especialmente el rector. Asimismo desaparece los órganos colegiados al nivel de los departamentos, es decir, los Consejos Directivos. Los estudiantes pierden representación y poder en los órganos colegiados y se les impone el cobro de cuotas y colegiaturas. Al mismo tiempo, al concentrar excesivamente las atribuciones administrativas y financieras en la figura del rector se ha perdido la capacidad de fiscalización independiente y la transparencia en el ejercicio de los recursos financieros”.

La iniciativa, elaborada por un grupo de universitarios y hecha suya por la coordinadora de Morena en el Congreso local, Ernestina Castro Valenzuela establece explícitamente que la reforma está inspirada “en el marco de la cuarta transformación de país impulsada por el gobierno federal”.

La reforma, por lo que se ve, viene derecho y con muchas posibilidades de concretarse, por lo que sin duda será un tema, el primero y más candente que le toque gestionar a la nueva rectora, y a su recién nombrado director jurídico Rafael Ramírez Villaescusa.

Hasta el año antepasado, cuando se reactivó el tema, el rector (saliente) Enrique Fernando Velázquez Contreras manifestó voluntad de modificar la legislación en aquellos aspectos que el tiempo y los cambios sociales obliguen a hacerlo, pero por alguna razón el asunto se pospuso en el Congreso, aunque lo más probable es que en los próximos meses sea sacada de la ‘congeladora legislativa’, para abrir el debate que, por la naturaleza misma de la Universidad de Sonora, involucra a todos los sectores de la sociedad.

Difícilmente alguien puede estar en desacuerdo en que después de 30 años, la legislación universitaria requiere una reforma. De sus alcances, su profundidad y su contenido estarán llenas las discusiones que habremos de ver más adelante.

A 30 años de distancia, no solo la sociedad sonorense ha cambiado, sino también el entorno económico y sobre todo, la correlación de fuerzas políticas.

Aquellos que en su momento validaron la reforma a la legislación universitaria con una aplastante mayoría en el Congreso, se encuentran hoy en condición de minoría y, al contrario, aquellos que en su momento se opusieron y hoy retoman el tema, tienen, como dijo el mariguano, ‘la bacha por donde no quema’.

Así que vayan apartando sus localidades y surtan bien la despensa con refrescos y palomitas porque se va a poner buena la cosa.

Quizás, como planteamos en algún despacho anterior, a la maestra Rita Plancarte le toque ser la última rectora nombrada por la Junta Universitaria y en lo sucesivo volvamos a ver aquellos procesos electorales tan intensos que involucraban a toda la comunidad universitaria: académicos, trabajadores y estudiantes.

Hay, desde luego, sectores y liderazgos sociales y políticos que se opondrán a la reforma, lo que requerirá de mucha mano izquierda de la rectora, pero también del nuevo gobernador. Pendientes.

II

Y a propósito de mujeres empoderadas, la nueva composición política tanto del Congreso como de las alcaldías arrojó un saldo muy favorable para las féminas y los próximos tres años habremos de verlas en el desempeño de sus funciones, seguramente dando ejemplo de que su empoderamiento no será flor de un día.

En esto ha tenido mucho que ver el empuje de las mujeres organizadas desde la sociedad civil, pero también desde las instituciones. Es indiscutible que la gobernadora Claudia Pavlovich supo tomar el pulso de esas exigencias y a lo largo de su mandato promovió varias iniciativas que fueron aprobadas en el Congreso orientadas a promover la igualdad de género en la representación legislativa y en los cargos de gobierno, así como otras para combatir la violencia por razones de género e incrementar las penas para los responsables de esos delitos.

Si usted la ve por ahí este día, no deje de felicitarla por eso, pero también porque este jueves es su cumpleaños y aunque no invite al columpio, desde acá le deseamos lo mejor para este día y siempre.

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