Juan Antonio Pérez.
Aún están en mi mente las declaraciones que hizo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se refirió al problema del desabasto de medicamento en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mismo que atribuyó a que los “políticos se convirtieron en proveedores”, dando entender, sin especificar nombres, que funcionarios políticos montaron sus empresas de venta y distribución de medicamentos, teniendo como principal cliente el IMSS, a precios muy altos y cobrándose a lo “chino”.
Hago esta reflexión porque los políticos no solo se convirtieron en proveedores de medicamentos, muy seguramente montaron sus empresas para obtener concesiones para los distintos servicios que requieren el Gobierno federal, estatal y municipal, y con ello asegurar su porvenir.
Y sin salirnos del tema, el Ayuntamiento de Hermosillo no ha sido la excepción, desde hace ya un par de años el otorgamiento de la concesión de alumbrado público a la empresa Construlita Lighting International S.A de C.V. por parte de la administración pasada que encabezó Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, ha estado en el “ojo público”, desde que los entonces regidores de Movimiento Ciudadano y del PAN, manifestaron y hasta denunciaron ante las autoridades competentes una serie de supuestas irregularidades en el proceso de licitación.
Lo que no contaban los ex funcionarios municipales involucrados en la licitación era que llegaría un nuevo partido a gobernar Hermosillo, encontrando una concesión que atenta contra las finanzas públicas municipales. Tan solo por instalar las luminarias en los 21 sectores debe de pagar el ayuntamiento 750 millones de pesos. Pero no queda ahí el asunto, una vez cumplido con este requisito, pasa al mantenimiento de las mismas, con un costo de 14 millones de pesos mensuales, ahora sí que negocio redondo.
La alcaldesa morenista de Hermosillo, Célida López Cárdenas, asegura que existen los elementos suficientes para iniciar el proceso de rescisión de contrato a la empresa, primero porque es un contrato abusivo y lesivo a las arcas públicas, que además es impagable; la segunda, porque el municipio puede cumplir con el servicio de alumbrado público.
Al parecer los ex funcionarios dejaron caer este servicio para tener los elementos suficientes para justificar la privatización del alumbrado, pero lo más grave del asunto es que firmaron un contrato que para las actuales autoridades es financieramente insostenible y si le sumamos que al parecer la empresa no cuenta con la capacidad para brindar el servicio y que hicieron uso de material que no cumple con los estándares establecidos, los únicos que salimos perdiendo somos los que habitamos esta ciudad.
Por su parte, quienes ya también le entraron al “tiro cantado” son los diputados de Acción Nacional, que a través de su coordinador Gildardo Real Ramírez solicitarán al pleno del Congreso que se conforme una Comisión Especial para investigar la concesión de alumbrado público, y además le pidieron públicamente a la munícipe que inicie el proceso de rescisión del contrato.
Ahora sí que le ganaron a sus homólogos de Morena el tema, pero muy seguramente los legisladores morenistas no tendrán ningún empacho de hacer mancuerna con los del PAN y juntos ir por la información que para mi parecer aún no ha salido a la luz pública. Quien también muy seguramente se estará sumando a este planteamiento es la diputada de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río Sánchez, solo hay que recordar que fueron los ex regidores de ese partido quienes iniciaron con la denuncia del tema.
Quien no podrá dormir tranquilamente mientras el tema continúe el “ojo público” es el ex alcalde Maloro Acosta y los representantes de la empresa, ya que de encontrar anomalías o argumentos suficientes no sólo podrían rescindirles el contrato, sino irse sin ningún cinco en la bolsa y alguna que otra denuncia jurídica.
