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Lenta, pero llega, la justicia; otras veces se pospone hasta la náusea

Lenta, pero llega, la justicia; otras veces se pospone hasta la náusea

Por Arturo Soto Munguia

Una lucha de más de 20 años en los tribunales y en las calles tuvo ayer sus mejores frutos después de tan larga temporada de sufrimientos, vejaciones, abuso de poder, injusticias y omisiones que dejaron una estela de al menos 18 muertos.

Se trata de los ferrocarrileros jubilados en 1998 a quienes se adeuda desde entonces sus pensiones. En el largo litigio por conseguir el justo pago por sus décadas de trabajo en Ferrocarriles Nacionales de México fueron ‘bateados’ por los sucesivos gobiernos federales, desde Zedillo hasta Peña, pasando por Fox y Calderón.

Ayer, firmaron un acuerdo con el INDEP (Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado) el organismo (antes SAE) liquidador de Ferronales según el cual los casi 200 extrabajadores serán incorporados a la nómina de pensiones para que les sean pagadas mensualmente las mismas. En Noviembre, se le entregará a cada uno un cheque con una parte correspondiente al retroactivo del año pasado.

El triunfo de esta lucha no es gratuito. Un juez federal emitió ayer una orden para que les sea retribuido lo que en justicia reclaman, a partir de la promoción de un incidente de violación de la suspensión de una resolución a favor de los ex ferrocarrileros.

Si esa orden no se acata, el titular del INDEP sería inhabilitado, destituido y consignado.

El primer titular del INDEP fue Ricardo Rodríguez Vargas, que el año pasado asumió una serie de compromisos de los que después “se rajó”, a decir del abogado de los trabajadores, Martín Millanes.

A Rodríguez lo sustituyó Jaime Cárdenas, quien renunció hace un par de semanas, denunciando múltiples hechos de corrupción en el INDEP. Fue sustituido por Ernesto Prieto quien lo primero que se encontró en su escritorio fue la orden del juez para cumplir las demandas de los ferrocas.

La historia, al parecer, tendrá un final feliz.

II

Las que no tuvieron un final feliz fueron las feministas radicales. Primero les ‘batearon’ en comisiones la iniciativa de reforma para legalizar el matrimonio igualitario, promovida por la diputada de Morena, Yumiko Palomarez.

Ayer, en la sesión del pleno fue aprobada por unanimidad la llamada Ley Olimpia Sonora que entre otras cosas penaliza el ciberacoso y protege la intimidad sexual.

Las feministas sostienen que la ley aprobada en Sonora no es la Ley Olimpia, que debe el nombre a su promotora, Olimpia Coral Melo, quien incluso estuvo en Sonora cabildeando el tema. Y ciertamente, al igual que en otros estados de la República, esa ley fue aprobada aquí con modificaciones al texto original para ampliar sus alcances.

Algunas colectivas feministas no estuvieron de acuerdo, pero les mojaron la pólvora pues su principal apoyo en el Congreso era la bancada de Morena, que terminó votando junto al resto de las fracciones parlamentarias, de manera unánime por el texto -con algunas modificaciones-, propuesto por la gobernadora Claudia Pavlovich.

Sucedió lo mismo con la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario, que no pasó la votación en comisiones, ya que un diputado se ausentó sorpresivamente de la sesión virtual, esfumando el voto que les habría permitido ‘bajarla’ al pleno.

Tampoco pudieron alzar mucho la voz porque dicho diputado es Raúl “El Pollo” Castelo, de Morena.

Creo, a la luz de las prácticas legislativas que me ha tocado ver en unos 30 años cubriendo la fuente del Congreso del Estado, que en estos dos episodios podríamos encontrar algunas claves de la votación del PRI junto con Morena, para desechar las solicitudes de juicio político contra la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero y de su homólogo en Cajeme, Sergio Pablo Mariscal.

No estoy diciendo que así haya sido, solo que así pudo ser.

Aprobada la Ley Olimpia Sonora prácticamente como la propuso la gobernadora, y rechazada la del matrimonio igualitario (aunque es seguro que volverá a la agenda legislativa más temprano que tarde), dejaron correr la votación para que Morena y el PT, con algunos aliados coyunturales como el PANAL y MC, aprobaran por mayoría una reforma a la Ley del Registro Civil para habilitar la rectificación de identidad de género.

Esto es, que las personas que se identifican con el género opuesto puedan cambiar su documentación oficial con el nombre de su preferencia.

III

La que sí anda con una sonrisa de oreja a oreja es la directora General de Radio Sonora, la colega y amiga María Elena Verduzco Chaires, a la cabeza de los festejos por el 38 aniversario de esa emisora que prometen una cartelera bastante interesante para la difusión del arte, la cultura, el deporte y el divertimiento, porque también se trata de divertirse.

Motivos para celebrar hay muchos si entendemos lo que ha significado esta radio desde su fundación y hasta nuestros días, y vale decir que estas celebraciones no serían tan lucidas (y lúcidas) si ‘La Maye’ no contara con el apoyo del personal que por décadas le ha dado sentido, identidad y viabilidad a esta emisora.

Toda esa familia de la radio ha preparado más de cien actividades durante todo el mes de octubre, la mayoría digitalizadas en congruencia con lo que exigen estos tiempos de pandemia: Sonora me encanta, Noches de plaza, Viernes de concierto; lectura de poesía y cuento, muestra de cortometrajes, son sólo algunos de los eventos a disfrutar este mes.

Luego les pasamos la cartelera completa, por lo pronto, ¡Felicidades a todo el personal de Radio Sonora!

IV

Seré breve respecto a la votación dividida (6-5) en la SCJN, con la que se declaró la constitucionalidad de la consulta para enjuiciar a expresidentes: lo que en realidad se validó fue la extensión ad nauseam de un estado de guerra permanente en el terreno electoral.

La pregunta que se hará en la polémica consulta (modificada, por cierto en la redacción original propuesta por el presidente) es un poema a la nada, al absurdo; una oda surgida del hijo no nacido de Perogrullo y el Filósofo de Güemes:

¿Estás de acuerdo o no con que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Sin duda esta consulta que, dicen, costará al erario varios miles de millones de pesos, tendría que ser precedida de otras consultas para determinar por ejemplo: ¿Cuáles son las acciones pertinentes y quién determina su pertinencia? ¿Qué debemos entender por actores políticos? ¿Qué por decisiones políticas? ¿Qué por años pasados?

Esta última pregunta es interesante, porque cualquiera podría suponer que ‘años pasados’ alude también (considerando que la consulta será en 2021) a 2018, 2019 y 2020 en los que hubo muchos actores políticos tomando decisiones que podrían derivar en responsabilidades administrativas y penales.

La redacción de la pregunta es un galimatías. ¿Son las acciones pertinentes, las decisiones políticas o los actores políticos los encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Por qué son posibles las víctimas?

Tengo muchas pruebas y ninguna duda, de que los ministros y ministras de la SCJN son, como se diría coloquialmente, unas vergas ensalivadas todas las materias de Derecho, pero redactan peor que un tuitero con ínfulas de influencer.

Me quedo mejor, entre la estridencia del aplauso de foca sobreideologizada y la condena prejuiciosa, con lo expresado por el abogado hermosillense Marco Antonio Andrade, que no es ni cercanamente, un improvisado en estos y en otros temas:

“La consulta servirá para todo y contra todos, pero ningún actor político podrá ser enjuiciado como resultado de una votación pública como fue aprobado. Un regalo para la impunidad eterna. En la Corte no hay casualidades. Al tiempo”.

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