Por Arturo Soto Munguìa
Por si algo faltaba en el oscuro horizonte de esta pandemia que no tiene visos de terminar (ayer fue el segundo peor día, con 41 muertes y 410 nuevos contagios), los nubarrones del conflicto político amenazan con volverlo todo más dramático.
En mayo pasado, el gobierno federal prácticamente delegó en estados y municipios la gestión de la pandemia. Serían esas instancias las que determinarían los programas, tiempos y formas en que abordarían las tareas de prevención y atención, salvo en aquellos casos que requirieran la aprobación del Consejo de Salubridad General, presidido por el secretario federal Jorge Alcocer.
En estados como Sonora, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León entre otros, las medidas contra la pandemia se comenzaron a tomar desde antes, ante el pasmo del gobierno federal, desde donde se insistía en que el virus no era todavía una amenaza, Todavía el 23 de marzo, el propio presidente de la República llamaba a salir a realizar las actividades cotidianas con normalidad: “yo les voy a decir cuando ya no salgan”, advirtió ese día.
Mientras tanto en esas entidades se suspendían clases, se diseñaban planes para el cierre de negocios, suspensión de eventos masivos; se restringía la circulación vehicular y en algunos municipios se decretaban toques de queda, en otros se restringía la venta de bebidas alcohólicas…
Todo de manera discrecional, en una especie de prueba y error que, a más de tres meses ha dejado un saldo funesto.
La pandemia no cede y la prueba y el error parece ser el único método con que las autoridades de los tres niveles de gobierno buscan enfrentarla, en un contexto donde la ciudadanía, salvo excepciones no ha puesto lo mejor de sí para contribuir a romper la cadena de contagios.
Ayer, el Consejo Estatal de Salud (CES) acordó solicitar a las autoridades federales la restricción temporal de cruces no esenciales en la frontera con EEUU y el establecimiento de filtros para evitar visitas por actividades no indispensables, de personas procedentes del vecino país.
No terminaba de darse a conocer ese acuerdo cuando comenzaron a llegar las primeras imágenes de la garita en Nogales, con filas inmensas de vehículos ingresando a México en vísperas del 4 de julio, fecha que muchos norteamericanos y paisanos aprovechan para venir a México con fines recreativos.
Y esto se da justo cuando Arizona ha vuelto a endurecer medidas restrictivas de toda índole debido a un rebrote que sobrevino después de que en mayo pasado abrieran ciertas actividades comerciales, de culto, de recreación.
Frente al tropel de gente en las calles, es realmente poco lo que pueden hacer las autoridades, más allá de ver con desesperación cómo se van saturando los hospitales, encareciendo insumos y medicinas; diezmando el personal hospitalario.
Y como no hay una sola directriz que baje desde la federación a los municipios, mucho menos que tenga visos de transversalidad, cada nivel de gobierno hace lo que puede, con lo que tiene y eso genera conflictos.
Las restricciones a los cruces fronterizos cayeron como gancho al hígado en el ayuntamiento de Puerto Peñasco, donde en meses pasados endurecieron severamente las restricciones de movilidad, logrando bajar más que en cualquier otro municipio los índices de contagio. El sacrificio fue enorme porque ese destino turístico depende básicamente del flujo de visitantes, sobre todo de Norteamérica.
Hoy han solicitado al gobierno estatal la reconsideración del cierre parcial de la frontera para no afectar más su economía.
En Hermosillo, el cierre temprano de negocios no esenciales llevó a sus propietarios al filo de la quiebra y ya comenzaron a movilizarse y protestar exigiendo la reapertura, comprometiéndose a observar todas las medidas preventivas.
El Ayuntamiento acordó condicionar la circulación vehicular entre 6 de la tarde y 6 de la mañana, lo que derivó en una sobreactividad en las otras 12 horas que se puede circular sin salvoconducto, aunque se entiende que sería también para actividades esenciales, pero de nuevo la gente no hizo caso.
Después de dos semanas de esta medida, los contagios no solamente no bajaron. Ayer, el reporte fue de 178 casos, el número más alto en lo que va de la contingencia en la capital del estado.
El acuerdo que tomó ayer el CES incluye la obligatoriedad del uso de cubrebocas y una solicitud al Congreso estatal para modificar la Ley de Tránsito del estado para aprobar un programa del tipo “hoy no circula”.
La idea no es mala, pero se antoja una locura en una ciudad como Hermosillo, donde circulan más de 100 mil autos ‘chocolate’, sin placas, sin documentos que acrediten su legal estancia en el país, lo que dificulta establecer criterios y mecanismos para incorporarlos a un programa como este, que además está pensado para implementarse en todo el estado, donde los ‘chocolates’ rebasan los 200 mil.
Las autoridades parecen estar dando palos de ciego en la gestión de la pandemia; la ciudadanía parece decidida a no hacer caso y el virus nos muestra sus filosos y letales dientes en una sonrisa macabra que se regocija en medio del desorden.
II
La semana pasada mencionamos que el tema del acuaférico en Hermosillo tendría en el Congreso del Estado su más infranqueable aduana. A esta fecha lo reiteramos.
El descubrimiento de que en el documento oficial por el cual se solicita al Congreso la aprobación de este proyecto y su esquema de financiamiento, aparece que dicha obra sí se alimentará con las aguas de la presa El Novillo, llevó a varios legisladores a adelantar un voto en contra.
Los gobernadores de los ocho pueblos yaquis a cerrar filas y manifestarse en contra. También revivió el Movimiento Ciudadano por el Agua, mejor conocido como No al Novillo.
Y ayer, el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado difundió un fuerte posicionamiento en el que establece que uno de los pendientes heredados de gobiernos del pasado es la falta de alternativas de una política de más agua. Haciendo caso omiso de instrucciones judiciales, se afectó a Cajeme con más de 50 millones de metros cúbicos, que se otorgó para justificar acciones de la ilegal operación del Acueducto Independencia.
“Por ello, una de las grandes tareas será renovar los proyectos de desalación y el Plan Hidráulico del Noroeste para garantizar el desarrollo equilibrado de las regiones y evitar que innecesariamente sigamos en la tónica ilegal de quitar agua a una región y a la etnia yaqui para dársela a otra región con la correspondiente afectación ambiental, económica y social, en particular del Valle del Yaqui y su población. Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación tienen la palabra y seguros estamos de que dará un golpe de timón en este tema estratégico en los días por venir”, concluye.
El tema, pues, se está complicando, y va a poner a prueba la capacidad de cabildeo de la alcaldesa Célida López, ya no sólo ante naturales adversarios políticos, sino también con gente de su propio partido y algunos aliados, como el PT, cuyo coordinador parlamentario, el flamante Siri Salido adelantó su voto en contra.
Seguiremos informando.
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