#Indonesia El Parlamento de Indonesia ha aprobado una amplia reforma del código penal que incluye la prohibición del sexo fuera del matrimonio, la apostasía y los insultos al presidente, entre otros cambios denunciados como «antidemocráticos» por decenas de ONG y grupos civiles. La reforma llevaba décadas discutiéndose y ha generado masivas protestas en el país con más musulmanes del mundo y de tradición liberal.
Entre las cláusulas más criticadas están la prohibición del sexo fuera del matrimonio en cualquiera de sus formas con hasta un año de prisión, así como el castigo de los insultos al presidente con un máximo de tres años de cárcel, además de la ilegalización de la apostasía.
Tras su aprobación, se abre un periodo de «unos dos años» en el que la reforma podrá ser disputada en el tribunal constitucional del país, según ha explicado Alif Nurwidiastomi, de la Fundación para la Ayuda Legal de Indonesia, a EFE.
Los cambios afectarán tanto a la población indonesia como a los extranjeros residentes en el país, así como a los turistas.
La reforma ha generado protestas desde que se intentó aprobar en 2019, cuando se paralizó tras masivas manifestaciones. Decenas de personas se manifiestan en su contra desde ayer frente al Parlamento en Yakarta.
Casi un centenar de ONG han denunciado que su contenido es «antidemocrático» por la supresión de libertades que conlleva, en la que supone la reforma más extensa del código penal desde la independencia de Indonesia en 1945.
Sus detractores condenan la «islamización» del país.
¿Qué ha opinado el pueblo?
Decenas de personas se concentraron este lunes frente al Parlamento en Yakarta para protestar contra la aprobación, prevista el martes, de la mayor reforma del código penal de la historia del país que, entre otras medidas, penalizará con prisión el sexo y la cohabitación fuera del matrimonio.
«Rechaza la ratificación de la reforma del código penal», reza una de las pancartas desplegadas hoy frente a las puertas del Parlamento de Indonesia en Yakarta, donde está previsto que mañana una mayoría de partidos ratifique la reforma más extensa del código penal desde la independencia de Indonesia de Holanda en 1945.
Una reforma que contiene «artículos antidemocráticos, perpetúa la corrupción, silencia la libertad de prensa, menoscaba la actividad académica, discrimina contra las mujeres y los grupos marginados y amenaza la existencia de los pueblos indígenas», critican en un comunicado casi 100 ONG que participan en las protestas.
La misma lleva años discutiéndose y se frenó en 2019 por el surgimiento de masivas protestas contra las decenas de cambios de índole conservador de la misma, que llevan a sus críticos a condenar la «islamización» del país de mayoría musulmana y tradición liberal. Entre los artículos más criticados de la reforma, que contiene un total de 632, están los destinados a la penalización de las relaciones sexuales extramaritales, con castigos de hasta un año de cárcel, o la prohibición de la cohabitación fuera del matrimonio, que puede acarrear un máximo de seis meses de prisión.
Unas prohibiciones que ya se contemplaban en 2019 y que han sido ligeramente limitadas tras las protestas de entonces, reduciendo, por ejemplo, el derecho de delación al marido o mujer, padres e hijos.
Mientras, la prohibición de insultar al presidente, también muy controvertida y que puede suponer hasta tres años de cárcel, solo puede ser presentada por el mismo dirigente. La reforma incluye asimismo la prohibición de insultar la bandera y el himno nacional y criticar la ideología fundacional indonesia, conocida como Pancasila y que originalmente se describió como una suerte de socialismo religioso, lo que en teoría podría utilizarse contra los grupos más islamistas.
Se considera que su eventual aprobación responde a un controvertido malabarismo del presidente, el reformista Joko Widodo, para satisfacer al creciente sector conservador limitando a su vez el campo de operación de los grupos más radicales.
Lo que no ha reducido las críticas y temores de activistas de derechos humanos y analistas, que creen que la reforma menoscabará los derechos de comunidades como la LGTBI, la libertad de expresión y el disenso en un país en el que la memoria del dictador Suharto, derrocado en 1998, aún está muy viva.
Indonesia lleva décadas tratando de reemplazar su código penal, que data de la época colonial holandesa, y en 2006 eliminó algunas partes que habían sido utilizadas por Suharto para perseguir a sus críticos durante los 32 años que estuvo a los mandos.
Fuente: eitb.eus vivagranada.es
