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El presupuesto que viene y el desfile de las excusas

El presupuesto que viene y el desfile de las excusas

Por Arturo Soto Munguía

Con la presentación del paquete económico 2021 se abre la temporada de excusas para los diputados federales y senadores encargados de aprobarlo. No de discutirlo y mucho menos modificarlo porque esas son prerrogativas en desuso, especialmente para aquellos que llegaron por la coalición Juntos haremos historia, encabezada por Morena.

Los estados y municipios serán, como en los dos años anteriores, los grandes perdedores de este episodio, con el agregado de que esta vez, como ya lo anunció el secretario de Hacienda federal, Arturo Herrera, los recursos serán más reducidos porque ya se acabaron los ‘guardaditos’.

Si en estos dos años la obra pública fue escasa, es previsible que el año entrante, gobernadores y alcaldes sigan haciendo malabares, estirando el presupuesto y observando con resignación el deterioro de la infraestructura urbana y los servicios públicos.

Las prioridades de alcaldes y gobernadores no son las prioridades del gobierno federal. De hecho, esta fue una de las principales razones por las cuales 10 gobernadores abandonaron la Conago y constituyeron la llamada Alianza Federalista.

Sólo por poner un ejemplo a vuelapluma, todavía suena en los oídos de la alcaldesa de Hermosillo y su homólogo de Cajeme la promesa de 500 millones de pesos del programa de mejoramiento urbano en 50 ciudades del país, donde aparecen esas dos de Sonora.

500 millones de pesos fueron anunciados ayer por el presidente de la República, pero para comprar un millón de cachitos de lotería para la churriguresca rifa del avión presidencial, que no entregará como premio el avión sino el equivalente aproximado a su costo, y que trae a muchos funcionarios públicos trabajando horas extras como vendedores de cachitos.

Los cachitos se entregarán a los hospitales del país y con suerte alguno de ellos resultará ganador de un premio de 20 millones de pesos que deberá invertir en su infraestructura. Parece chiste pero es real: la obra pública determinada por el azar.

Pero volvamos con los legisladores federales. Este es el tercer y último paquete fiscal que aprueban. El primero, en 2018 apenas si lo leyeron, pues se iban sentando en sus curules y la gran mayoría no tenían la más remota idea de lo que estaban haciendo en ellas.

El segundo, en 2019 quizás sí fue leído, pero para el caso fue la misma. La tijera presidencial entró en acción para orientar la mayor parte de los recursos a los programas asistenciales de la 4T y sus proyectos estratégicos: refinería Dos Bocas, Tren Maya, Tren Transístmico, aeropuerto de Santa Lucía y el rescate a Pemex, básicamente.

Alcaldes y gobernadores se quedaron chiflando en la loma. Muchos de ellos vieron con desencanto cómo se cerraba la llave de los dineros públicos y el gobierno federal centralizaba su ejercicio. El Fondo Minero, por ejemplo, que para Sonora representaba un monto de más de mil millones de pesos, les fue retirado a los municipios donde se realiza esa actividad y el gobierno federal decidió repartir esos recursos en forma de programas asistenciales.

El argumento fue el mismo que se utilizó para eliminar apoyos a estancias infantiles, refugios para mujeres, fideicomisos, organismos autónomos, y centros de investigación: detectaron indicios de corrupción o mal uso de los recursos y en lugar de corregir esas malas prácticas, se optó por quitarles el presupuesto y ejercerlo directamente desde el nivel central.

¿Se eliminó la corrupción, mejoró la calidad de vida de los habitantes de los municipios mineros? Eso es un enigma.

Los municipios más grandes, como Hermosillo y Cajeme lograron rescatar algunos fondos mediante el concurso de proyectos específicos, pero eso fue porque en sus equipos tienen gente avezada en esos menesteres. Nogales y San Luis Río Colorado han sido beneficiados con obra pública a través del programa de apoyo a municipios fronterizos. Los municipios más chicos se ahogan en el olvido.

El proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el año 2021 es de 6.2 billones de pesos y hasta donde se sabe, los criterios de distribución serán los mismos que en los dos años anteriores.

Por citar un ejemplo, la secretaría de Turismo se llevará 38 mil 613 millones de pesos, lo que significa un aumento de ¡667 por ciento! respecto a este año. Y para que no quede duda de las prioridades, el 97 por ciento de esos recursos serán aplicados al Tren Maya.

Al Inegi, que particularmente este año ha publicado estudios que muestran una realidad cercana a la catástrofe (caída del PIB, crecimiento económico negativo, desempleo de 12 millones de mexicanos, entre otros) le van a quitar más de la mitad de su presupuesto. Si este año ejerció 17 mil millones de pesos, en 2021 se quedará con 7 mmdp.

Los diputados y diputadas federales son los únicos que pueden modificar el paquete económico para el año que entra gestionando más recursos para sus estados pero no lo harán porque prefieren mentir con la verdad. Especialmente los de Morena y sus aliados, porque los de otros partidos quizás apelen a su derecho al pataleo, pero no sirve de nada porque son minoría.

Como en años anteriores, alegarán que a Sonora se le asignaron más recursos, lo cual es cierto si se considera que miles de millones de pesos se aplicaron en programas clientelares, pero en términos reales, ni siquiera el gobierno federal (ya no digamos estado o municipios) invirtió cantidades significativas en obra pública.

No se requiere un estudio a profundidad. Basta que la atribulada lectora, el depauperado lector en cualquier municipio donde nos lean voltee a su alrededor para ver cómo la infraestructura urbana se está deteriorando: calles, parques y jardines, servicios públicos, inversión productiva.

Otra de formas en que los diputados federales mienten con la verdad es que su labor no es la de gestionar recursos para sus estados y municipios. Argumentan que eso de ‘bajar recursos’ era una práctica del pasado que se prestaba a la corrupción en forma de ‘moches’. Nuestra labor, repiten mecánicamente, es la de legislar, no la de ‘bajar recursos’.

Y no les falta razón en muchos casos. Pero resulta que la ley de ingresos y el presupuesto de egresos son precisamente eso: leyes que se pueden modificar y esa modificación no es otra cosa que una práctica legislativa.

Pero no lo van a hacer por una sencilla razón: están sometidos al Poder Ejecutivo. Ay de aquel o aquella que ose llevarle la contraria al señor presidente.

Nomás para lo que se ofrezca, recordemos quiénes son las diputadas y diputados de Sonora a quienes en los próximos días escucharemos reeditar el catálogo de excusas. También vale recordarlos por si a dos años de gestión sus representados no saben ni sus nombres, aunque no es remoto pensar que varios de ellos volverán a sus distritos a buscar el voto popular.

De Morena: Lorenia Valles Sampedro (distrito 3); Heriberto Aguilar Castillo (distrito 4); Wendy Briseño Zuloaga (5); Javier Lamarque Cano (6); Hildelisa Gonzáles (7); Marco Antonio Carbajal y Manuel López Castillo, plurinominales.

Del PES, Manuel de Jesús Baldenebro y del PT, Ana Laura Beltrán Camarena, distrito 2, suplente de Ana Gabriela Guevara. Todos pertenecen a la coalición Juntos haremos historia, que encabezó Morena.

El caso de Irma Villalobos Terán es especial: llegó a la cámara como plurinominal por el PRI, pero recientemente migró al PES.

Por parte de la oposición sólo hay plurinominales: Maddeleine Bonnafoux, del PAN y Jorge Russo Salido, de MC.

Ahí se las dejo.

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