por Demian Duarte.
Si que sorprendió a propios y extraños, pero sobre todo a los propios, la solicitud de juicio político que llegó al Congreso del Estado por vía de correspondencia en contra del ex alcalde de Hermosillo y persistente ave de tempestades, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez.
No es que nadie se lo esperara, de hecho hay por ahí otra demanda de parte del cabildo de Hermosillo para que se establezca una comisión especial que investigue sus presuntos crímenes patrimoniales y de corrupción en contra la comuna en el periodo 2015-2018.
El detalle es que el escrito que se recibió por la oficialía de partes en el Congreso del Estado y que entró por correspondencia al pleno durante la sesión de este martes, se plantea una confusión que es lo que resultó extraño y explotó durante la mañana de este martes en distintas oficinas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora y que rebotó por las del Ayuntamiento, pegó por Palacio de Gobierno y terminó por convertirse en un tema prioritario.
El asunto es que de acuerdo con la correspondencia del Poder Legislativo, se recibió un escrito de la Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, mediante el cual remite la denuncia interpuesta por el Licenciado Ricardo Moreno Millanes, Subprocurador de Asuntos Jurídicos, adscrito a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, a fin de que este Poder Legislativo instaure el correspondiente Juicio Político al ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, y Tadeo Iruretagoyena Tirado, en su calidad de Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento durante la administración 2015-2018.
Es decir, el escrito dice puntualmente que es la Secretaría de Hacienda del Gobierno la que está demandando a “Maloro” Acosta.
Sin embargo puede ser un error involuntario en la redacción, y podríamos asumir que es el municipio de Hermosillo, encabezado por Célida López Cárdenas el que está empujando este nuevo caso en contra del “Maloro”, por las presuntas irregularidades en la entrega de la concesión del alumbrado público.
El detalle es que más allá de un confuso escrito que emitió la oficina del director jurídico del estado, Iván Jaimes y un par de reclamos de que se corrigiera el sentido de la nota porque se prestaba a una confusión, no me acaba de quedar clara la situación respecto a quien demanda, aunque si está mucho muy claro que el exalcalde corre el riesgo de ser sometido a un juicio político y que ahora si no habrá poder humano que lo salve de estar en picota, pues a diferencia de la primer denuncia que se puso en su contra, esta si tiene sustentada y con pruebas, de parte del municipio y peloteadas en la Procuraduría Fiscal del Gobierno estatal.
Iván Jaimes, dijo lo siguiente: La Secretaría de Hacienda Estatal puso en conocimiento del Órgano Interno de Control del Municipio de Hermosillo, una serie de aspectos para que, en caso de ser procedentes, dicha autoridad analizará el caso y procediera conforme a sus facultades.
Sin embargo descarta en todo momento que el estado esté en el origen de la demanda y que en todo caso podría ser el ayuntamiento de Hermosillo el que lo esté encabezando.
El tema ya se turno por oficio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que determinará tan pronto como este miércoles a las 16.30 horas la procedencia o no del juicio político y tendrá que determinar en un plazo de 10 días, si existen o no elementos para procesar al “Maloro” por los actos de autoridad asumidos por él, y su tesorero municipal, con el aval del cabildo de Hermosillo, cuando encabezaba el gobierno de Hermosillo.
Evidentemente el origen de la demanda es importante, pues el hecho de que se originara en el estado, mandaba un mensaje de que al ex alcalde priista, se le acabó el bono y respaldo de parte de la gobernadora Claudia Pavlovich; sin embargo el hecho de que sea el municipio encabezado encabezado por Célida López Cárdenas quien presuntamente impulsa el procedimiento, no le quita ni un ápice de fuerza al tema, y todo parece indicar que más temprano que tarde, el ex presidente municipal será obligado a rendir cuentas, junto a su ex tesorero.
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Mejora seguridad en Cajeme
Lo soltó como dato suelto en una rueda de prensa nacional en la capital del país, sin embargo el hecho me llamó poderosamente la atención, ya que es uno de los grandes temas de Sonora y que le plantee personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus ruedas de prensa, es decir la seguridad en Cajeme y la región sur de Sonora.
Pues bien, Alfonso Durazo soltó ayer la noticia de que bajó la incidencia de homicidios en la región y que se avanza en la pacificación de la zona en base a la estrategia de mandos coordinador entre la federación, el estado y los municipios.
La verdad es que hacen falta datos duros, estadísticas y demás, sin embargo si esto es así habrá sido uno de los resultados más espectaculares impulsados por el gobierno de la 4T en Sonora en los primeros 3 meses de gobierno.
El que seguramente estará más contento por este hecho es el presidente municipal Sergio Pablo Mariscal, aunque para la gobernadora Claudia Pavlovich este tema reviste una situación mucho muy importante al ser Cajeme un foco rojo persistente y constante en materia de violencia e inestabilidad. También David Anaya Cooley, el secretario de Seguridad en Sonoa, Jorge Taddei Bringas el súper delegado de programas de Bienestar y la Fiscal General Claudia Indira Contreras, tendrían mucho que festinar al respecto.
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