Por Guillermo Frescas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos todavía tiene un pasivo contingente por 72 millones de pesos derivado de las demandas laborales de los ex trabajadores despedidos por la anterior administración y requiere de un apoyo extraordinario para evitar que se convierta en un problema inmanejable, señaló Pedro González Avilés.
El presidente de la CEDH presentó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado presentó su primer informe anual de actividades e hizo un recuento de la problemática generada por el anterior presidente Raúl Ramírez Ramírez por el despido injustificado de personal.
“Al recibir la CEDH en febrero de 2018 se tenían 33 expedientes de demandas laborales de 46 ex empleados que fueron despedidos por el anterior presidente. Estas demandas sumaban importe de 80 millones de pesos por salarios caídos y prestaciones accesorias”, indicó.
Dijo de inmediato atendieron las demandas, obteniendo los siguientes resultados: Se reinstalaron a cinco trabajadores sin erogar recursos, con un ahorro de 13 millones 354 mil pesos para la CEDH.
Se reinstaló a dos ex empleados y se les hizo un pago por dos millones 335 mil pesos, con un ahorro de 732 mil pesos.
Se liquidaron las demandas de cuatro ex empleados por un importe de 3 millones 167 mil 428 pesos, de los cuales se pagó la cantidad de un millón 242 mil pesos, logrando ahorro de un millón 925 mil pesos
“En total, se logró un ahorro por la negociación de alrededor de 16 millones de pesos.
Durante el ejercicio del 2018, se incorporó una demanda de una ex empleada despedida por la administración anterior”, apuntó.
Dijo que en este primer año no ha habido despidos injustificados para no hacer crecer la bola de nieve y aun así se tienen pasivos contingentes por demandas laborales por un importe de aproximadamente 72 millones de pesos, que representan el 76 por ciento de las demandas que se recibieron en febrero de 2018.
“Urge el apoyo del Congreso para apoyo extraordinario para cubrir los pasivos contingentes y no poner en riesgo la operatividad institucional”, aseveró.
«Nunc coepi»
