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Alito debe irse por (su mala) salud mental

Alito debe irse por (su mala) salud mental

Por Arturo Soto Munguia

De seguir las cosas como van, a Alito Moreno no lo van a tumbar los audios que evidencian su pobre catadura moral y pol√≠tica, ni las estrepitosas derrotas electorales. A estas alturas sus detractores dentro del PRI podr√≠an destituirlo argumentando incapacidad mental y aplicarle la que los ecuatorianos le aplicaron all√° en 1997 a su presidente Abdal√° Bucaram, a quien por cierto apodaban ‚ÄúEl Loco‚ÄĚ.

No es una exageración. Al dirigente priista lo traen loco a toallazos desde hace rato y quizás en ese estado de febril locura se le ocurrió que era buena idea proponer una reforma legal para reglamentar la portación de armas en el país, de manera que los ciudadanos podamos defendernos de los criminales por propia mano.

Su propuesta ciertamente aborda otros temas ya reglamentados por cierto, pero en esencia, nada m√°s con el primero, est√° muerta antes de nacer.

Si en condiciones normales la mayor√≠a morenista en la c√°mara de diputados jam√°s votar√≠a una reforma que vaya en contra de la pol√≠tica de seguridad planteada por el presidente y que simplificadamente se conoce como ‚Äėde abrazos y no balazos‚Äô, en el contexto actual, siendo Alito uno de los principales promotores de la ‚Äėmoratoria legislativa‚Äô seg√ļn la cual la oposici√≥n se encuentra en una especie de huelga de brazos ca√≠dos y advirti√≥ que no aprobar√° ni una sola iniciativa enviada desde el sector oficial, la propuesta del campechano es, m√°s que un desprop√≥sito, un disparate.

Veamos. Las licencias de portaci√≥n de armas son expedidas por la Secretar√≠a de la Defensa Nacional y la primera condici√≥n es que √©stas sean compradas a la misma Sedena. Pero adem√°s, los requisitos para su expedici√≥n est√°n dise√Īados para que muy pocos puedan hacerse de un arma.

El √ļnico lugar donde se realiza ese tr√°mite es en el Campo Militar n√ļmero 1 con sede en Ciudad de M√©xico y en caso de autorizarse, el interesado deber√° recoger el documento personalmente en la oficina del secretario particular del General Secretario de la Defensa Nacional.

Antes se tiene que llenar una solicitud especial, acreditar un modo honesto de vivir, firmado por el empleador del solicitante, y en caso de que el interesado sea el empleador, la firma debe ser del alcalde del municipio en que resida; cartilla militar liberada, certificado médico de no impedimento físico; certificado médico-psicológico anexando los resultados de los test practicados; carta de no antecedentes penales; certificado de no consumo de drogas, enervantes o psicotrópicos anexando los resultados de los estudios de laboratorio practicados, entre otras cosas.

En 2020 se presentaron 215 solicitudes y se autorizaron 130 y en 2021 solo 60. Hasta marzo de este a√Īo, se hab√≠an autorizado cuatro solicitudes. Por cierto, el cat√°logo de armas de la Sedena incluye el rifle calibre .22, escopeta calibre 12, rev√≥lveres y pistolas semiautom√°ticas de diferentes calibres.

Este arsenal, desde luego es un mal chiste en un pa√≠s donde el crimen organizado posee cientos de miles de armas de grueso calibre, fusiles de asalto, granadas y parque a discreci√≥n. Nom√°s en el decomiso que se realiz√≥ recientemente en Navojoa se contaron casi un mill√≥n de cartuchos √ļtiles.

Pero esa es acaso la parte menos grave del asunto. Las implicaciones sociales que tendr√≠a armar a la poblaci√≥n nos pondr√≠an en el umbral de una guerra civil sin precedentes, en la tentaci√≥n (muchas veces justificada por los asesinatos de familiares y amigos; de ni√Īos, ancianos y mujeres) de cobrarse ojo por ojo, en los linderos del caos y la multiplicaci√≥n exponencial de estampas como las que se viven hoy en estados como Michoac√°n con las ya muy conocidas ‚Äėautodefensas‚Äô, que por cierto, cuentan con armas de todo tipo y de misteriosa procedencia.

La propuesta de Alito Moreno es adem√°s una locura porque simplemente la sociedad civil no puede tomar en sus manos las facultades y prerrogativas del Estado mexicano, una de ellas fundamental: la seguridad de los ciudadanos.

Que no lo est√° haciendo bien es un hecho, pero de eso a tomar literalmente el himno nacional y asumir que el cielo le dio a la patria un soldado en cada hijo, hay un enorme trecho.

Algo más: estamos en México, un país donde ni siquiera los cuerpos policiacos estatales y municipales tienen un registro completo de sus armas y las huellas de las mismas (que es algo así como el ADN de cada arma), y donde no todos los elementos pasan los controles de confianza exigidos para su portación, imagínense con una pistola al vecino que suele vapulear a la esposa cada vez que se encabrona, por poner un ejemplo hipotético.

Afortunadamente la propuesta del campechano murió antes de nacer y ni siquiera deberíamos estar discutiéndola. Lo que sí se debería discutir seriamente es si, ante el fracaso institucional para contener la violencia del crimen organizado, los mexicanos merecemos una oposición tan vacía de propuestas, tan perdida en sus onanismos (y enanismos); tan atrapada en su burbuja de incompetencia.

II

En temas locales, ayer no hubo conferencia del gobernador, porque se fue a Ciudad de M√©xico a firmar un convenio de colaboraci√≥n con el titular de la Secretar√≠a de la Funci√≥n P√ļblica, Roberto Salcido Aquino, para el empleo de herramientas tecnol√≥gicas que hagan m√°s eficiente el combate a la corrupci√≥n.

Esos instrumentos permitir√°n simplificar los procesos en el ejercicio de gobierno de una forma transparente, dando seguimiento a compras, contratos y obra p√ļblica.

Acompa√Īaron a Alfonso Durazo en este evento, el contralor Guillermo Noriega Esparza y el nuevo Oficial Mayor Franco Gerardo Marcello Fabbri.

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